El procurador general de Justicia de Mato Grosso, Rodrigo Fonseca, aprobó el 30 de abril la extensión de un subsidio de aproximadamente 4.700 reales para los fiscales que trabajan en zonas de difícil acceso. La medida actualiza una política existente en medio de las restricciones del STF sobre pagos adicionales y busca fomentar los destinos en municipios pobres y remotos.
En la decisión administrativa del 30 de abril de 2026, Rodrigo Fonseca amplió la "política de estímulo a lotação e permanência em unidade de difícil provimento". Limitada anteriormente a ocho municipios como Apiacás y Colniza, todos a más de 900 km de Cuiabá, la gratificación ahora cubre ciudades a más de 500 km de la capital, en la franja fronteriza con Bolivia o con los índices de desarrollo humano (IDHM) más bajos.
Los fiscales en estas áreas recibirán un 10% más en su paga, equivalente a unos 4.700 reales sobre el salario base. La oficina de prensa del Ministério Público de Mato Grosso aclara en un comunicado que no se trata de un nuevo beneficio, sino de una actualización de una política bajo la ley complementaria 416 vigente desde 2011. "El pago está previsto en la ley complementaria 416 y se realiza desde 2011, es decir, desde hace más de 15 años", señala el comunicado.
La aprobación se produce tras la decisión del STF de finales de marzo, liderada por el ministro Flávio Dino, de limitar los pagos adicionales al 70% del salario en el Poder Judicial y en el Ministério Público. Fonseca defendió mantener las gratificaciones indemnizatorias citando una resolución del 7 de abril de 2026. "La nueva regulación promueve una separación estricta y estandarizada entre los pagos remuneratorios, sujetos a reglas de tope específicas, y los pagos indemnizatorios, cuyo abono está expresamente permitido", afirmó el procurador general.
Además, Fonseca reguló cinco bonificaciones, amplió los viáticos reduciendo la distancia mínima de 300 km a 40 km y creó 12 cargos de coordinador adjunto con gratificación.
