La Corte Suprema dictaminó el jueves por 6 votos a favor y 3 en contra en dos casos que amplían la autoridad de la administración Trump sobre la aplicación de las leyes de inmigración.
En el caso Mullin contra Doe, el tribunal permitió a la administración poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350.000 haitianos y 6.000 sirios. El juez Samuel Alito escribió que los tribunales federales no pueden revisar el proceso que condujo a esas cancelaciones.
En el caso Mullin contra Al Otro Lado, los jueces ratificaron la capacidad del gobierno para rechazar a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada antes de que ingresen a Estados Unidos. Los fallos se dividieron siguiendo líneas ideológicas.
La jueza Elena Kagan presentó una opinión disidente en el caso del TPS, citando declaraciones del presidente Trump sobre los haitianos. Las decisiones allanan el camino para las deportaciones y reactivan la política de control de flujo (metering) en la frontera.
