Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el viernes que la proclamación del presidente Donald Trump, que describe la migración en la frontera entre EE. UU. y México como una "invasión" y utiliza esa conclusión para suspender el acceso al asilo, excede la autoridad que el Congreso otorgó en la ley de inmigración. La decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia podría obligar al gobierno a reiniciar el procesamiento de asilo en la frontera, aunque la administración ha indicado que planea buscar una revisión adicional.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia señaló que la Ley de Inmigración y Nacionalidad otorga a los no ciudadanos el derecho a solicitar asilo cuando están físicamente presentes en los Estados Unidos, incluso en la frontera, y no permite que el presidente reemplace el marco legal del Congreso con "procedimientos de su propia invención".
El fallo se deriva de una proclamación que Trump emitió el 20 de enero de 2025, el día de su toma de posesión, declarando que las condiciones en la frontera sur constituían una "invasión" y ordenando a las autoridades suspender la capacidad de los migrantes para solicitar asilo hasta que él determine que la invasión ha terminado.
En una breve declaración recogida por The Daily Wire, el medio informó que se espera que la administración Trump apele, lo que podría retrasar los cambios sobre el terreno.
Diversos comunicados y análisis gubernamentales han reportado que los cruces fronterizos ilegales y las detenciones de la Patrulla Fronteriza cayeron drásticamente después de que Trump regresara al cargo en enero de 2025. Un anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de julio de 2025, por ejemplo, indicó que la Patrulla Fronteriza registró 8,039 detenciones a nivel nacional en un periodo reciente, calificándolo como un mínimo histórico.
La decisión del tribunal aborda la legalidad de utilizar la proclamación de "invasión" para suspender el acceso al asilo, no si el gobierno puede aplicar otras medidas de cumplimiento bajo los estatutos existentes.
