La Corte Suprema celebró sus primeros argumentos orales el 7 de abril sobre las peticiones que impugnan las asignaciones no programadas en los presupuestos nacionales de 2024, 2025 y 2026. Los expertos invitados como amici curiae presentaron opiniones divididas sobre su legalidad e implicaciones. Algunos advirtieron sobre una menor transparencia, mientras que otros defendieron su necesidad.
La Corte Suprema en Manila celebró la primera parte de sus argumentos orales el martes 7 de abril, sobre cuatro peticiones que buscan declarar inconstitucionales las asignaciones no programadas (UA, por sus siglas en inglés) y otras presuntas inserciones en las Leyes de Asignaciones Generales de 2024, 2025 y 2026.
La profesora de economía de la Universidad de Filipinas, Solita Collas-Monsod, señaló que, desde 2022, el Congreso ha utilizado las UA como "el lugar para ocultar asignaciones de suma alzada", particularmente aquellas aprobadas por el comité de conferencias bicameral. Citando un estudio del Departamento de Investigación de Presupuesto y Política del Congreso, destacó que las UA aprobadas han superado los fondos propuestos desde 2022, lo que ha conducido a un gasto mayor de lo planeado y al incumplimiento de las metas de déficit presupuestario y de relación deuda-PIB.
El exsecretario del Departamento de Presupuesto y Gestión, Benjamin Diokno, señaló cinco casos en los que las UA aprobadas por el Congreso excedieron las propuestas presidenciales, tres de ellos en 2023, 2024 y 2025. "Esto solo pretende reflejar los abusos monumentales cometidos por el Congreso durante los últimos tres años", añadió. El exsecretario de presupuesto, Florencio Abad, advirtió que las recientes expansiones de las UA "corren el riesgo de convertirse en... un mecanismo para eludir las restricciones constitucionales".
El expresidente del Senado, Franklin Drilon, argumentó que las asignaciones no programadas no son inherentemente inconstitucionales. "La decisión de no incluir más los fondos no programados como un componente del presupuesto anual... es un asunto conferido al... Congreso y al poder ejecutivo", dijo, señalando que las violaciones ocurren en la ejecución, no en la ley en sí misma.