El presidente Donald Trump tiene la intención de nominar a Harmeet Dhillon como fiscal general asociada, tras la destitución de la fiscal general Pam Bondi. Dhillon, actual jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia (DOJ), asumiría el cargo tras la dimisión de Stanley Woodward el sábado. El cambio se produce en medio de una reestructuración más amplia en el Departamento de Justicia.
El presidente Donald Trump planea nominar a Harmeet Dhillon para el puesto de fiscal general asociada, según informó el sábado por la noche una fuente familiarizada con el asunto. Este ascenso supone un cambio para Dhillon desde su puesto como fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles, donde prestó juramento en abril de 2025. Stanley Woodward, quien ocupaba anteriormente el cargo de fiscal general asociado, renunció ese mismo día, añadió la fuente. The Daily Wire informó por primera vez sobre los planes de nominación como parte de una reestructuración en curso en el Departamento de Justicia (DOJ). Todd Blanche se desempeña como fiscal general interino y podría permanecer en el cargo durante algún tiempo, sin planes inmediatos para un nominado permanente, de acuerdo con otra fuente familiarizada con la postura de Trump. Trump se reunió con Pam Bondi antes de su discurso del miércoles por la noche y le informó sobre su reemplazo. Una fuente federal atribuyó la destitución de Bondi a la frustración de Trump por la falta de procesos penales contra los demócratas acusados de utilizar la ley en su contra. Sin embargo, otra fuente familiarizada con el despido refutó esta versión: “Los enemigos externos de la fiscal general Bondi sabían que no le faltaba celo ni habilidad para procesar casos de instrumentalización judicial. Simplemente se beneficiaban de un cambio de guardia”. Dhillon construyó su reputación previamente en Dhillon Law Group, representando a clientes en casos de libertad de expresión y derechos civiles, incluidos el periodista provida David Daleiden y la detransicionadora Chloe Cole. Su biografía en el DOJ destaca desafíos legales contra la Universidad de California en Berkeley sobre libertad de expresión, un grupo de Antifa, estados por sus respuestas al Covid-19 y empresas tecnológicas por cuestiones de derechos civiles.
