Gobierno vasco, Sidenor y SEPI asumen control de Talgo y aprueban rescate

La junta de accionistas de Talgo ha aprobado la reestructuración financiera que permite al Gobierno vasco, Sidenor y la SEPI tomar el control de la empresa. Esta operación implica la salida del fondo Trilantic y la entrada de nuevos inversores vascos y estatales. El proceso busca estabilizar la compañía tras dos años de incertidumbre.

Este viernes, en una junta extraordinaria celebrada en Madrid, los accionistas de Talgo aprobaron con más del 97% de los votos la nueva estructura de financiación de la compañía. Esta decisión marca la recta final de la operación de venta iniciada por Pegaso, vehículo del fondo Trilantic, que se desprende de su participación mayoritaria tras más de dos años de negociaciones complejas.

El consorcio vasco, formado por el Gobierno vasco a través de Finkatuz, la empresa siderúrgica Sidenor, y las fundaciones BBK y Vital (vinculadas a Kutxabank), adquirirá el 29,7% del capital por 156,67 millones de euros a 4,25 euros por acción. La SEPI entrará con un 7,8% del accionariado. Juan Antonio Sánchez Corchero, presidente de la patronal alavesa SEA, representará a la sociedad estatal en el nuevo consejo de administración, reducido a ocho miembros, atendiendo a la petición del líder del PSE-EE, Eneko Andueza, de incluir un consejero vasco.

Entre las aprobaciones figuran un aumento de capital mediante la emisión de 10.588.235 nuevas acciones por un importe nominal de 3,18 millones de euros, así como la emisión de 300 bonos convertibles por 30 millones y 750 por 75 millones. Además, se formalizará un contrato de financiación sindicado de hasta 770 millones de euros (650 millones con garantía parcial de CESCE y 120 millones revolving) y una línea de avales de hasta 500 millones con garantía de CESCE.

El presidente saliente, Carlos Palacio Oriol, defendió la operación: «La aprobación y ejecución de estas operaciones son indispensables para preservar el futuro de la Sociedad y del Grupo Talgo. Además, son una demostración del claro compromiso del consejo de administración para proteger a los diferentes grupos de interés: los accionistas, que requieren un marco estable y transparente; los trabajadores, que precisan seguridad y continuidad en su empleo; los clientes, que demandan confianza en la capacidad de la Sociedad para cumplir con sus compromisos; y los acreedores, que necesitan garantías de sostenibilidad financiera».

El proceso se ha visto afectado por la incertidumbre accionarial, que ha deteriorado la posición competitiva y financiera de Talgo. En febrero de 2025 se anunció el principio de acuerdo. Además, el Gobierno rechazó una OPA húngara a 5 euros por acción, recurrida judicialmente por Pegaso. El caso de imputación del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por presunta venta de acero para armas a Israel, añade complejidad, pendiente de resolución judicial. La sede social se trasladará a Álava, donde Talgo tiene una planta, y se espera cerrar todos los trámites antes de Nochebuena.

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