La administración de Bogotá confirmó que el modelo de recolección de basuras por Áreas de Servicio Exclusivas se mantendrá hasta noviembre de 2027, gracias a una prórroga de la Corte Constitucional solicitada por los recicladores. Desde esa fecha, la ciudad pasará a un esquema de libre competencia. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico emitirá un marco regulatorio transitorio para las cinco empresas involucradas.
El director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Armando Ojeda, y la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco, anunciaron que Bogotá conservará su modelo actual de recolección de basuras en Áreas de Servicio Exclusivas hasta el 30 de noviembre de 2027. Esta decisión responde a una tutela presentada por los recicladores ante la Corte Constitucional, que otorgó la prórroga para proteger su labor.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expedirá un reglamento transitorio que permite a las cinco empresas operadoras continuar en sus zonas asignadas durante este período. Ojeda defendió el modelo al afirmar: “Estamos convencidos que las Áreas de Servicio Exclusivas son el mejor modelo para la recolección de basuras en Bogotá. El modelo de libre competencia necesita de acuerdos con el usuario (…) en ocasiones se realizan cobros dobles o no se cubren todas las zonas”.
Como parte de las mejoras anunciadas, se adquirirán 35 vehículos compactadores nuevos y se ampliará el kilometraje en las áreas de barrido. Bogotá se posiciona como la única ciudad colombiana con este sistema exclusivo, en contraste con el de libre competencia en otras localidades.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios supervisará las tarifas cobradas a los usuarios, mientras que la CRA establecerá criterios para que las mejoras en productividad beneficien a los ciudadanos durante la vigencia del régimen transitorio. Este lapso incluye la expedición de un nuevo marco tarifario de aseo, la solicitud de la UAESP para nuevas Áreas de Servicio Exclusivas, su evaluación por la CRA, una licitación pública y el inicio de operaciones bajo el esquema definitivo.
