El Departamento de Agricultura ha intensificado las inspecciones en mercados y tiendas a nivel nacional después de que el presidente Marcos impusiera un tope de precios de 30 días al arroz importado. Bajo la Ley de Precios, los infractores se arriesgan a penas de cárcel, multas de hasta un millón de pesos y posibles cierres de negocios.
El secretario de Agricultura, Francisco Tiu Laurel Jr., afirmó que el tope obligatorio otorga a las autoridades poderes más fuertes que los precios sugeridos al por menor anteriores, los cuales dependían del cumplimiento voluntario. "El precio máximo obligatorio permite ahora al Departamento de Agricultura imponer sanciones punitivas y multas a los infractores", declaró.
Bajo la Ley de Precios, los infractores pueden recibir de uno a diez años de prisión, multas de cinco mil a un millón de pesos, o ambas. Las medidas administrativas incluyen el cierre temporal o permanente de tiendas, la incautación de existencias y la revocación de permisos.
El tope se aplica al arroz importado con un cinco por ciento de granos quebrados y puede ser ajustado o levantado tras una revisión. El arroz está clasificado como un producto de primera necesidad, lo que permite al departamento actuar durante periodos de aumentos de precios injustificados.