La Cámara de Representantes aprobó el 22 de diciembre el Proyecto de Ley de la Cámara Nº 178, con el objetivo de proporcionar reembolsos automáticos a los suscriptores de internet y telecomunicaciones por interrupciones prolongadas del servicio. La medida cubre tanto a clientes pospago como prepago sin requerir que presenten solicitudes. Aborda el recurrente problema de internet poco fiable en Filipinas.
El 22 de diciembre, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de Ley de la Cámara Nº 178, conocido como la Ley de Reembolso Automático por Interrupciones y Perturbaciones en Servicios de Internet y Telecomunicaciones. La autora del proyecto, la representante de Zamboanga Marlesa Hofer-Hasim, señaló: «Esto genera pérdidas financieras, inconvenientes y prácticas de cobro injustas, especialmente entre trabajadores remotos, estudiantes en línea y suscriptores prepago». La legislación aborda el desafío de internet poco fiable en el país, donde Filipinas ocupó uno de los peores puestos en fiabilidad a nivel mundial en 2024 según OpenSignal.
Los reembolsos son automáticos y prorrateados según la duración de la indisponibilidad del servicio, activados cuando las interrupciones sumen 24 horas o más en un mes. Exclusiones incluyen mantenimientos programados anunciados con al menos 48 horas de antelación y no superiores a 48 horas mensuales, desastres naturales como tifones o terremotos, o interrupciones causadas por terceros o el suscriptor. Para interrupciones no planificadas, las telcos y proveedores de internet deben aplicar ajustes de facturación automáticamente, supervisados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (NTC) y el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DICT).
Los suscriptores prepago están explícitamente incluidos, garantizando protección igualitaria. Los clientes aún pueden disputar los cálculos de reembolso si es necesario. Las sanciones para infractores incluyen multas de P50.000 a P200.000 por infracción, con violaciones repetidas arriesgando suspensión o cancelación de licencias, más el pago obligatorio de créditos adeudados. Se espera que el proyecto fortalezca la protección al consumidor trasladando la responsabilidad a los proveedores.
