Ante la caída en los niveles de vacunación, la provincia de Mendoza presentó las primeras 15 denuncias judiciales contra familias que incumplieron el calendario obligatorio. Esta medida responde al aumento de enfermedades previamente erradicadas como sarampión, rubéola, paperas y tos convulsa. Las sanciones incluyen multas de hasta 336.000 pesos, arresto de hasta cinco días y trabajos comunitarios.
La baja en los niveles de vacunación ha encendido alarmas en el sistema de salud argentino, permitiendo la reaparición de enfermedades que estaban controladas gracias a campañas de inmunización. En Mendoza, en agosto, el gobierno provincial tomó una medida inédita al presentar 15 denuncias judiciales contra padres que no cumplieron con el calendario obligatorio de vacunación para sus hijos. Esta iniciativa surge ante el aumento de patologías prevenibles, exacerbado por la pandemia de COVID-19, que afectó especialmente a niños pequeños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas.
El gobierno mendocino endureció los controles y estableció sanciones por incumplimiento: multas desde 84.000 hasta 336.000 pesos, hasta cinco días de arresto o trabajos comunitarios, según la gravedad y reiteración. El tema fue debatido en el programa 'Bienvenidos al Tren', conducido por Juan Di Natale, donde expertos destacaron que la vacunación es una política sanitaria esencial para mantener la 'inmunidad de rebaño' y prevenir brotes.
Especialistas atribuyen la caída en la cobertura a desinformación, discursos antivacunas y pérdida de percepción del riesgo. Sin embargo, Argentina cuenta con un calendario de vacunación completo, gratuito y obligatorio por ley nacional, sin faltantes de vacunas. La judicialización busca equilibrar la elección individual con la responsabilidad colectiva, protegiendo el derecho a la salud de la población. Este caso podría sentar precedente para otras provincias ante el mismo problema de salud pública.
