Tras los argumentos orales iniciales del 7 de abril, la Corte Suprema solicitó el 8 de abril a la Oficina del Procurador General registros detallados sobre la liberación de asignaciones no programadas, en medio de preocupaciones por su posible uso indebido en los presupuestos de 2024-2026. Se estableció el 14 de abril como fecha límite para la presentación.
En continuación de los argumentos orales sobre las peticiones que cuestionan la constitucionalidad de las asignaciones no programadas (UA, por sus siglas en inglés) y las inserciones presupuestarias en las Leyes de Asignaciones Generales de 2024-2026 —tras la sesión del 7 de abril que contó con presentaciones de amici curiae—, el magistrado asociado sénior Marvic Leonen ordenó el martes a la procuradora general Darlene Marie Berberabe que proporcione una lista exhaustiva de todas las órdenes especiales de liberación de asignaciones (SARO, por sus siglas en inglés) que autorizan liberaciones de UA.
Leonen señaló que las SARO son emitidas por el Departamento de Presupuesto y Gestión a la Oficina del Tesoro para su desembolso, y que la OSG debe alinearlas con los certificados de ingresos correspondientes emitidos por el Tesoro.
Los documentos deben entregarse antes del 14 de abril y servirán de base para las interpelaciones en la segunda ronda de argumentos, programada para el 21 de abril. La solicitud surge a raíz de las sospechas persistentes sobre el uso indebido de los fondos de UA.
