La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó el lunes que las fuerzas del orden deben obtener una orden judicial basada en causa probable antes de acceder a datos de ubicación de teléfonos móviles mediante búsquedas de geocercas. La decisión de 6-3 en el caso Chatrie contra Estados Unidos refuerza las protecciones de la Cuarta Enmienda para el historial de ubicación digital de los usuarios.
El fallo, redactado por la jueza Elena Kagan, concluyó que las personas tienen una expectativa razonable de privacidad en los registros de ubicación de sus teléfonos móviles. Determinó que las órdenes judiciales de geocercas, que permiten a la policía obtener datos de todos los dispositivos en un área sin sospechas individualizadas, vulneran ese interés.
El caso se originó tras el arresto de Okello Chatrie en 2019 en Virginia, después de que la policía utilizara una orden de geocerca en Google para identificar sospechosos en un robo bancario de 195.000 dólares. Chatrie, quien fue condenado a 12 años de prisión, impugnó el método por considerarlo inconstitucional.
Los defensores de la privacidad celebraron la decisión. Alan Butler, del Electronic Privacy Information Center, afirmó que las búsquedas mediante geocercas sin orden judicial son incompatibles con las protecciones de la Cuarta Enmienda. Representantes de la industria tecnológica también apoyaron la aclaración de que se requiere autorización judicial.
El juez Samuel Alito emitió un voto disidente, argumentando que la mayoría creó una nueva regla que podría desestabilizar la jurisprudencia de la Cuarta Enmienda. El caso regresa a un tribunal inferior para evaluar si existía causa probable para la orden judicial original.
