Los jueces de la Corte Suprema de los EE. UU. expresaron el lunes sus dudas sobre el argumento de AT&T y Verizon de que los procedimientos de multa de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) violan su derecho a un juicio por jurado. Las operadoras, multadas con 104 millones de dólares por compartir datos de ubicación de usuarios sin consentimiento, pagaron las sanciones antes de impugnarlas. Tanto los jueces como los abogados de la FCC coincidieron en que las multas no son vinculantes sin una ejecución judicial.
Durante los argumentos orales, varios jueces señalaron que AT&T y Verizon podrían haber obtenido un juicio por jurado si se hubieran negado a pagar las multas y hubieran esperado a una acción de ejecución del gobierno en los tribunales. En cambio, las empresas pagaron y apelaron ante los tribunales de circuito. AT&T prevaleció en el Quinto Circuito, mientras que Verizon perdió en el Segundo Circuito, lo que llevó a la consolidación de los casos ante la Corte Suprema. Jeffrey Wall, en representación de las operadoras, argumentó que las órdenes de decomiso de la FCC se habían considerado durante mucho tiempo como obligatorias, presionando a las empresas a pagar para evitar daños a su reputación o problemas regulatorios. Sostuvo que este esquema penaliza el ejercicio de los derechos de la Séptima Enmienda, comparándolo con los mecanismos anulados en la decisión de 2024 de SEC contra Jarkesy. El juez Brett Kavanaugh reconoció ante Wall que el gobierno parecía estar retrocediendo, afirmando: “Parece que han ganado en lo que respecta a la ley de cara al futuro, de una forma u otra”. El abogado del gobierno, Vivek Suri, replicó que las órdenes de la FCC funcionan como acusaciones formales, autorizando demandas pero sin imponer ninguna sanción definitiva hasta que haya un juicio por jurado de novo. Señaló que la FCC ha descrito sus órdenes como no vinculantes desde la década de 1970 y sugirió aclarar el lenguaje para evitar disputas futuras. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, comentó que el impago suponía principalmente un “problema de relaciones públicas” para las operadoras, mientras que la jueza Sonia Sotomayor enfatizó que las conclusiones de la FCC no crean obligaciones legales si no hay un veredicto del jurado. La administración Trump defendió las multas emitidas bajo la administración Biden, destacando que la FCC depende de dichas sanciones para el cumplimiento de las normas de privacidad y seguridad.
