Los residentes de Camagüey aún esperan las cuatro libras de arroz prometidas a principios de diciembre, como parte de los productos racionados subsidiados. El gobierno cubano lucha con escasez de divisas que impide cumplir las cuotas mensuales de siete libras por persona, mientras promueve ideas controvertidas sobre reducir el consumo y aumentar controles sobre los agricultores. Expertos y agricultores argumentan que invertir en producción nacional sería más eficiente que las costosas importaciones.
En diciembre de 2025, las autoridades cubanas prometieron distribuir productos racionados como arroz, guisantes, aceite y café para aliviar los presupuestos familiares antes de las celebraciones de fin de año. Sin embargo, la mayoría de estos items no llegaron a los destinatarios, y el Ministerio de Comercio Interior guarda silencio sobre las raciones de diciembre y enero de 2026. Cuba garantiza teóricamente siete libras de arroz por persona al mes a precios subsidiados, 20 a 30 veces más bajos que en el mercado de oferta y demanda. El consumo per cápita es de casi 50 kilos anuales, impulsado por tradiciones y limitaciones dietéticas.
La falta de divisas impidió en 2025 cumplir los ciclos de distribución, dejando una deuda de más de 150.000 toneladas, equivalente a unos 60 millones de dólares. El gobierno sugiere que las raciones son insostenibles y deben limitarse a sectores vulnerables. En el programa de televisión “Cuadrando la caja” de diciembre, un agrónomo del Ministerio de Agricultura afirmó que “los cubanos consumen demasiado arroz —un hábito que debería cambiar”. La presentadora, Marxlenin Pérez Valdés, tiene conexiones con la familia Castro, lo que indica respaldo oficial. La rechazo unánime pausó los planes, y se emitieron libretas de racionamiento para 2026.
Agricultores en provincias como Granma, Camagüey y Sancti Spíritus, donde se cultiva arroz desde hace más de 200 años, culpan los controles estatales obsesivos por limitar la producción, no el clima ni la escasez de recursos. Un agricultor de Camagüey dijo: “Cuando empieza la cosecha, este lugar se llena de jefes que aseguran que no se quede ni un saco sin vender a Acopio, pero antes, nadie se preocupa por cómo conseguimos semillas, combustible o químicos”.
La Resolución 186 del Ministerio de Agricultura de diciembre obliga a inscribirse en registros para recibir pagos en divisas o financiamiento, excluyendo a quienes no lo hagan de acuerdos con formas de gestión nuevas desde 2022, que triplican rendimientos al asociarse con privados para insumos. Miguel Alfredo Abelarde, agricultor de Camagüey, reflexionó: “En lugar de tantos registros y controles, ¿no sería mejor destinar parte de las divisas gastadas en comprar arroz afuera a producirlo aquí? Hasta 2018, con el ‘programa vietnamita’, se probó que la producción podía cubrir la demanda nacional”.
Durante la década de 2010, con apoyo vietnamita, la producción creció un 20% anual, superando 300.000 toneladas en 2018, con meta de duplicarla para cubrir el 80% de la demanda; el arroz local era 50% más barato. Pero recortes en recursos, promoción de métodos ecológicos y reemplazo de tractores por bueyes colapsaron la producción en más del 70%, haciendo insostenibles las importaciones. Un agricultor de Sancti Spíritus protestó: “No hay forma de entender cómo puede ser mejor pagar 400 o 500 dólares por tonelada importada, y no 200 o 300 por una cultivada en Cuba”. Abelarde añadió que el tabaco recibe combustible por generar divisas en exportaciones, mientras el arroz, para el mercado interno, no.
