El Ministerio de Agricultura de Cuba ha emitido la Resolución 186, que establece registros obligatorios para productores de arroz, granos, apicultura y carbón, con el fin de regular el acceso a pagos en divisas extranjeras. Esta medida forma parte de una tendencia burocrática que busca supervisar las exportaciones rentables como la miel y el carbón. Expertos advierten que esto no resuelve la crisis agrícola del país.
La Resolución 186, firmada por el titular del Ministerio de Agricultura (Minag), Ydael Jesús Pérez Brito, introduce cuatro registros específicos en las oficinas municipales de Agricultura: para productores de granos en el Departamento de Control de Tierras, apicultura en Salud Animal, y carbón en el Departamento Forestal. Los productores deben proporcionar datos como nombres, números de identidad, direcciones, detalles de tenencia de tierra, ubicación y área de los terrenos, así como su línea principal de producción. El registro, que se realiza de lunes a jueves entre las 9 de la mañana y el mediodía, es un requisito para acceder a esquemas de pago en divisas para exportaciones como miel y carbón, o para cultivos escasos como arroz y frijoles.
Esta norma se enmarca en una serie de regulaciones que expanden los requisitos administrativos para el acceso a divisas, un recurso escaso en la economía cubana. Durante el 13º Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), celebrado los 16 y 17 de mayo de 2025, se anunciaron esquemas de financiamiento en divisas controlados por entidades estatales. Para el carbón, la Resolución 25/2025 del Ministerio de Economía y Planificación prohíbe transferencias a otras cuentas en divisas o retiros en efectivo. En el caso de la miel, los productores reciben 650 dólares por tonelada, mientras el gobierno obtiene alrededor de 4.000 dólares por tonelada exportada, según confirmó el diario Granma.
Para el arroz, los productores obtendrán el 55% del precio de venta en divisas, cubriendo costos como pesticidas y fertilizantes; el Estado retiene el 45%, y el 5% va al Instituto de Investigaciones. En maíz, frijoles y soya, la entidad comercializadora recibe el 37% para logística de exportaciones, reportó el viceministro de Economía y Planificación, Roberto Pérez, en el congreso de ANAP.
El economista Pedro Monreal, exespecialista de la UNESCO, alerta sobre la crisis agrícola: “Un porcentaje muy grande del gasto de los hogares cubanos se destina a un solo rubro: la alimentación. Y la crisis agrícola en Cuba parece imparable”. Señala la caída en la producción doméstica y la incapacidad para importar debido a la escasez de divisas. La medida refuerza el control estatal, subordinando la apertura de cuentas en divisas a certificaciones administrativas, con criterios ambiguos para la remoción de registros, como “cualquier otra causa en interés del Estado”.
En el concepto estatal cubano, la “soberanía alimentaria” implica obligaciones de registro y sumisión a esquemas definidos desde arriba, más que libertad para producir y comercializar. El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, proyecta aumentos en producción de arroz, frijoles y otros para 2026, pero la burocracia prevalece sobre incentivos a la independencia de los productores.