Una investigación revela que Panamá ha perdido más de 5.104 mil millones de dólares en fondos públicos debido a 90 casos emblemáticos de corrupción en los últimos 21 años. Este monto representa alrededor del 6% del PIB de 2024 y supera presupuestos clave como educación y salud. La corrupción ha exacerbado la exclusión social, contribuyendo a tragedias como las muertes de niños indígenas en ríos de la comarca Ngäbe Buglé.
Una revisión de 90 casos de corrupción en Panamá, desde 2004 hasta 2024, estima un daño económico de 5.104 mil millones de dólares al Estado. El informe, basado en procedimientos judiciales y auditorías oficiales, destaca dos casos mayores: los sobrecostos de Odebrecht, que superan los 2 mil millones entre 2006 y 2019, y los daños de 1.2 mil millones en la concesión de Panama Ports Company desde 1997. Los restantes 88 casos suman cerca de 1.5 mil millones, incluyendo programas sociales usados para clientelismo y obras mal ejecutadas.
El período 2009-2014 registró 57 casos representativos, con prácticas como sobreprecios en obras y lavado de dinero a través de empresas fantasma. En 2014-2019, se abrieron numerosos expedientes, pero las condenas fueron escasas debido a limitaciones institucionales. La pandemia de COVID-19 en 2019-2024 facilitó abusos en contrataciones de emergencia.
Este monto perdido equivale a más del presupuesto anual de educación (3.651 mil millones) o salud (2.374 mil millones) en 2025, y supera las contribuciones del Canal de Panamá en 2024 (2.4708 mil millones). Sociólogo Gilberto Toro señala que la impunidad afecta más a los pobres, fomentando la intolerancia ciudadana hacia los abusos.
Expertos como Alma Montenegro de Fletcher enfatizan la falta de compromiso ético: “No faltan leyes; falta el compromiso de quienes deben aplicarlas”. Carlos Barsallo advierte que el daño institucional es igual de grave: “La gente no cree en nada ni en nadie”. Un estudio de Fudespa vincula esta corrupción a la exclusión indígena, donde 55-70 niños han muerto cruzando ríos para ir a la escuela, un problema que 42-63 millones podrían haber resuelto con puentes seguros.
De los 90 casos, solo una docena resultó en condenas, revelando fragilidades judiciales como sobrecarga y falta de recursos.
