Un estudio de la Universidad de los Andes revela que elevar el impuesto al cigarrillo a $11.200 por cajetilla reduciría el recaudo fiscal en 75% y dispararía las rentas del contrabando a más de $900.000 millones anuales. Los autores destacan que las ventas legales caerían drásticamente, mientras el mercado ilegal crecería. El Gobierno busca recaudar $2,5 billones con tarifas al tabaco y licores.
La Universidad de los Andes publicó el estudio 'Impuestos al cigarrillo, contrabando, recaudo fiscal e ingresos del crimen organizado', elaborado por Daniel Mejía y Juan Manuel Lozano. El análisis evalúa el impacto de la política tributaria desde tres ángulos: reducción del consumo de tabaco, sostenibilidad financiera de los territorios y rentas criminales por contrabando.
Con el impuesto actual de $4.068 por cajetilla, el consumo anual alcanza unas 368 millones de cajetillas. Si se elimina el tributo, subiría a 470 millones, un aumento del 28%. Sin embargo, con $11.200 por cajetilla, como propone el Gobierno vía decreto de emergencia económica, el consumo total caería solo 9,5% a 333 millones, pero las ventas legales se desplomarían entre 80% y 90%.
Esto generaría una reducción del 75% en el recaudo, de $970.000 millones a $240.000 millones, afectando financiamiento de salud y deporte en departamentos. Las rentas del contrabando, vinculadas a grupos criminales, pasarían de $395.000 millones a más de $900.000 millones. "Más allá de cierto umbral del impuesto específico, el recaudo entra en la parte decreciente de una curva de Laffer", explica el documento.
El mercado ilegal ya representa niveles altos, superando el 35% del total nacional en regiones como Costa Atlántica, Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Tolima, con pérdidas fiscales superiores a $1 billón. Mientras, el Ministerio de Salud sostiene que el impuesto protege la salud pública.
