La Contraloría General de la República reveló vacíos normativos y debilidades en las medidas cautelares impuestas por la Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio) a las Cajas de Compensación Familiar (CCF). El estudio analizó 24 intervenciones entre 2019 y 2023, encontrando que la mayoría no fueron satisfactorias. Esta evaluación influyó en una sentencia de la Corte Constitucional que exige un nuevo régimen para 2027.
La Contraloría General de la República, mediante su Delegada para el Sector Trabajo, presentó un estudio sectorial sobre las medidas cautelares adoptadas por Supersubsidio contra las CCF. El análisis cubrió 24 medidas implementadas entre 2019 y 2023: nueve (38%) resultaron satisfactorias, trece (54%) no lo fueron y dos (8%) fueron casos atípicos sin calificación posible.
Los problemas identificados incluyen dificultades financieras en las CCF, particularmente en programas de salud, así como debilidades legales, administrativas y de gobierno corporativo. La Contraloría destacó que estas medidas carecen de límite temporal, con algunas extendiéndose por varias vigencias. Además, la norma actual no tipifica causales, criterios, procedimientos ni temporalidad, lo que genera prácticas inequitativas y discrecionalidad.
Actualmente, de las 42 CCF existentes, 13 enfrentan medidas cautelares: dos en vigilancia especial, dos en intervención administrativa parcial y nueve en intervención total.
Este estudio fue considerado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-298 del 3 de julio de 2025, que declaró la inconstitucionalidad diferida del régimen vigente. La Corte ordenó al Congreso expedir un nuevo régimen cautelar y sancionatorio para el Sistema de Subsidio Familiar antes del 21 de junio de 2027, garantizando transparencia, eficacia y equidad.
La Contraloría mantiene el seguimiento y, durante el primer semestre de 2026, realiza un nuevo estudio para evaluar el impacto de la sentencia en las prácticas de Supersubsidio.
