Propuestas de enmiendas constitucionales en el Congreso Nacional de Brasil buscan reducir la jornada semanal de 44 a 36 horas sin recortes salariales y extender el descanso hasta tres días. El tema divide opiniones entre defensores de la salud y la calidad de vida y críticos preocupados por la productividad y la economía.
Las propuestas de enmiendas constitucionales PEC 148/25, del senador Paulo Paim, y PEC 8/25, de la diputada Erika Hilton, avanzan en el Congreso Nacional de Brasil para reducir la jornada laboral semanal de 44 a 36 horas sin pérdida salarial y permitir hasta tres días de descanso por semana. La medida busca democratizar el acceso al empleo y redistribuir los beneficios de la tecnología, promoviendo la salud y la vida familiar. nnLa Organización Mundial de la Salud y la OIT vinculan las largas jornadas con mayores riesgos para la salud: un aumento del 35% en el riesgo de accidente cerebrovascular y del 17% en enfermedades cardíacas. Datos del INSS de 2025 muestran más de 4 millones de ausencias laborales, con 546.000 por trastornos mentales, un 15% más que el año anterior. Experiencias internacionales en Islandia, el Reino Unido y Japón reportan ganancias de productividad en más del 90% de las empresas con horas reducidas, según 4 Day Week Global y Microsoft Japan. nnEn Brasil, la semana laboral promedio es de 39,1 horas según la OIT, pero la negociación colectiva no ha reducido las horas desde las reformas de 2017 que debilitaron las protecciones constitucionales. Las mujeres pasan nueve horas más semanales en tareas domésticas no remuneradas, según la PNAD 2023. Una encuesta de Nexus de 2026 encuentra que del 63% al 73% de los brasileños apoyan el fin de la escala 6x1 con mantenimiento salarial, y el 84% quiere al menos dos días de descanso. nnLos críticos sostienen que la productividad de Brasil de 17 dólares por hora, frente a más de 70 en economías avanzadas, requiere mejoras antes de recortes. Sectores como la siderurgia y los hospitales necesitan escalas específicas, como 12x36, no cubiertas por leyes generales. Una reducción forzada elevaría las nóminas en un 22%, potencialmente causando inflación, rotación y desempleo. La Constitución establece 8 horas diarias y 44 semanales, con reducciones vía negociación colectiva. Los expertos proponen posponer la votación hasta 2027 para decisiones basadas en convicciones reales.
