La Corte Suprema ha anulado la destitución del viceombudsman general Melchor Arthur Carandang, ejecutada en 2018 por el entonces presidente Rodrigo Duterte. El tribunal otorgó a Carandang el pago de los salarios caídos y los beneficios de jubilación hasta el final de su mandato en 2020. La Tercera Sala dictaminó el 29 de enero de 2026 que el presidente carece de autoridad disciplinaria sobre un viceombudsman.
La Tercera Sala de la Corte Suprema emitió una decisión el 29 de enero de 2026, redactada por la jueza asociada Maria Filomena Singh, mediante la cual denegó la petición de la Oficina del Presidente contra los fallos de la Corte de Apelaciones de 2021 y 2022. La Corte Suprema sostuvo que el presidente no tiene jurisdicción administrativa o disciplinaria sobre un viceombudsman, citando la segunda decisión del caso Gonzales que declaró inconstitucional la Sección 8(2) de la Ley de la República N.º 6770.
El caso se derivó de las declaraciones de Carandang a los medios sobre la investigación de la fortuna de Duterte, originada por la denuncia presentada en mayo de 2016 por el exsenador Antonio Trillanes IV. La Oficina del Presidente lo declaró responsable de prevaricación, corrupción y traición a la confianza pública en una orden del 30 de julio de 2018, ejecutada por el ombudsman Samuel Martires el 14 de junio de 2019. La Corte Suprema dictaminó que los comentarios de Carandang, en los que utilizó términos como 'baka' (tal vez) y 'siguro' (posiblemente), demostraron neutralidad y se ajustaron a su función investigadora.
"El presidente no posee autoridad administrativa ni disciplinaria sobre un viceombudsman", declaró la resolución. Carandang recibió los salarios correspondientes a su período de suspensión preventiva y destitución hasta 2020, además de sus beneficios de jubilación. Los jueces Alfredo Benjamin Caguioa, Henri Jean Paul Inting, Samuel Gaerlan y Japar Dimaampao estuvieron de acuerdo con el fallo.
La exombudsman Conchita Carpio Morales se negó a implementar la suspensión de 2018, lo que tensó sus relaciones con Duterte. "Me negué a implementar la orden ya que el presidente no tiene jurisdicción disciplinaria sobre los viceombudsman (siguiendo el caso de Gonzales)", declaró Morales a Rappler.
