La distorsión edad-grado, en la que los estudiantes van rezagados respecto a su grado esperado, alcanza niveles más altos en áreas rurales y ribereñas del norte de Brasil. Datos de 2024 muestran tasas elevadas en Pará y Amazonas, ligadas a problemas de acceso y transporte. Expertos destacan la necesidad de una mejor asignación de recursos para frenar el abandono escolar y las desigualdades.
La distorsión edad-grado representa un gran obstáculo en la educación brasileña, particularmente en áreas alejadas de los centros urbanos. Este problema surge cuando un estudiante está al menos dos años por detrás del grado adecuado para su edad y se vincula a factores como la entrada tardía a la escuela, la alfabetización inadecuada, repeticiones por aprendizaje deficiente, políticas de progresión continuada mal implementadas y desigualdades de acceso. Según datos de 2024 del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (Inep), analizados por el portal QEdu, las tasas en escuelas públicas urbanas se situaron en 11,6 % para la educación fundamental y 19 % para la secundaria. En escuelas rurales y ribereñas, las cifras suben a 16,5 % y 29,8 %, respectivamente. El Norte enfrenta las condiciones más graves, con 26,4 % en fundamental y 43,2 % en secundaria, superando los promedios nacionales. El Noreste registra 14,4 % y 28,7 %, mientras que el Sureste tiene los mejores resultados con 10,2 % y 16,3 %. Pará y Amazonas encabezan los peores indicadores: Pará con 33,2 % en fundamental y 42,2 % en secundaria; Amazonas con 21,5 % y 50,6 %. La geografía desafiante en estos estados, con largas distancias por carreteras precarias o ríos, dificulta el transporte escolar, lo que genera asistencias irregulares y fatiga que perjudica el aprendizaje. Los estudiantes de familias pobres a menudo deben contribuir al ingreso familiar, agravando el problema. La agrupación de estudiantes en escuelas más grandes y lejanas mediante nucleación puede haber intensificado estos desafíos. En 2025, el gobierno federal destinó 31,2 millones de reales para transporte escolar acuático en unos 400 municipios y estados. Sin embargo, si estos fondos resultan insuficientes o mal gestionados, es esencial una acción coordinada entre niveles de gobierno para priorizar áreas vulnerables y reducir las brechas regionales.