Varios estados, encabezados por Massachusetts, han presentado una demanda federal contra la administración Trump, alegando que el Departamento de Agricultura de EE. UU. está imponiendo condiciones inconstitucionales a miles de millones en fondos para programas alimentarios y apoyo agrícola. La demanda sostiene que estos requisitos, vinculados a políticas migratorias y a la oposición a iniciativas de diversidad, retienen ayuda fundamental. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, se unió a los demandantes para condenar la medida.
Una coalición de estados, liderada por Massachusetts, presentó esta semana una demanda de 81 páginas ante el tribunal federal de Massachusetts para impugnar las nuevas condiciones impuestas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en todos sus programas, subvenciones, acuerdos de cooperación y acuerdos de interés mutuo para 2026. Los demandantes argumentan que la administración Trump está utilizando estos requisitos vagos —relacionados con políticas contra la discriminación, ideología de género, igualdad de oportunidades deportivas para mujeres y niñas, e inmigración— como medida de presión para promover sus prioridades políticas, reteniendo de hecho la financiación para servicios esenciales. La demanda señala: 'El USDA ha interpuesto ahora obstáculos inconstitucionales e ilegales entre los programas creados por el Congreso y los estados que dependen de ellos, amenazando el apoyo nutricional crítico, la investigación agrícola vital y la seguridad de nuestra cadena alimentaria nacional y nuestras comunidades'.
