La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó que 31 de los 32 estados planean incrementos o nuevos impuestos en sus paquetes económicos para el próximo año. Esto podría frenar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y debilitar la competitividad nacional. El organismo empresarial urge mayor transparencia y eficiencia en el gasto público antes de aplicar estas medidas.
La Coparmex realizó un análisis de los paquetes económicos estatales para 2026, basado en un sondeo entre sus 71 centros empresariales en las 32 entidades. Encontró que en 31 estados se proponen aumentos a diversos impuestos o la creación de nuevos gravámenes, lo que amenaza la atracción de inversiones en un contexto de nearshoring y la revisión del T-MEC en 2026.
Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex, enfatizó: “Los incrementos a impuestos estatales –en particular al Impuesto Sobre Nómina (ISN)– están debilitando la competitividad regional y frenando el crecimiento de las Mipymes, así como el de las empresas medianas y grandes que operan en mercados altamente competitivos, donde la carga fiscal podría determinar decisiones de inversión entre estados e incluso frente a otros países”.
Actualmente, 27 entidades mantienen tasas de ISN iguales o inferiores al 3%, umbral que la Coparmex considera clave para competir. Incrementos directos al ISN se detectaron en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Nuevo León y Yucatán, con ajustes de 2% a 3% o de 3% a 4%. En otros estados como Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz, se optó por nuevos impuestos, ajustes al predial o mayores cargas administrativas.
“Este gravamen incide directamente en la contratación formal y en la capacidad de las Empresas para sostener su planta laboral”, alertó Sierra Álvarez. El líder empresarial criticó la falta de evaluaciones previas sobre la eficiencia del gasto público y urgió priorizar servicios de calidad, infraestructura y transparencia para ampliar la base de contribuyentes sin sobrecargar a los generadores de empleo formal.
Los estados buscan compensar la reducción de transferencias federales y asumir nuevas responsabilidades, pero las empresas ya enfrentan mayor fiscalización y costos indirectos como seguridad y salud.
