Un Tribunal de Conducta Judicial ha absuelto al presidente del tribunal del Cabo Oriental, Selby Mbenenge, de conducta impeachable en un caso de acoso sexual, pero la experta legal Dra. Sheena Swemmer argumenta que el informe pasa por alto principios constitucionales clave sobre igualdad y desequilibrios de poder.
El informe del Tribunal de Conducta Judicial, que declaró no culpable al presidente del tribunal Selby Mbenenge de conducta impeachable relacionada con acusaciones de acoso sexual, ha recibido duras críticas por su manejo de la neutralidad, el sesgo y las dinámicas de poder. La Dra. Sheena Swemmer, jefa de justicia de género en el Centre for Applied Legal Studies de la Universidad Wits, sostiene que el marco del tribunal no se alinea con el derecho constitucional sudafricano, particularmente las secciones 9 y 12, que garantizan la igualdad y la libertad de violencia. Swemmer señala que el informe enfatiza una neutralidad estricta, rechazando cualquier presunción de sesgo debido a la posición subordinada de la denunciante como mujer negra frente al rol senior de Mbenenge. Sin embargo, argumenta que este enfoque ignora el cambio de carga de la prueba exigido por la ley de igualdad. Una vez establecido un caso prima facie de acoso sexual –un umbral bajo–, la carga pasa al demandado para refutarlo en el balance de probabilidades. Según Swemmer, el tribunal no aplicó este mecanismo, tratando el caso como si partiera de puntos iguales pese a las desigualdades históricas y estructurales. La crítica se extiende a la cautela del tribunal a inferir desequilibrios de poder de las jerarquías institucionales. Swemmer enfatiza que la igualdad constitucional exige considerar la violencia de género sistémica que afecta a las mujeres negras, imponiendo obligaciones positivas al Estado para abordar tales daños. Al desvincular el análisis de estos contextos, el informe arriesga perpetuar una igualdad formal en lugar de sustantiva. Swemmer sugiere que aplicar la lente adecuada podría haber llevado a una interpretación distinta de las pruebas, favoreciendo a la denunciante en caso de dudas no resueltas. La decisión, advierte, influirá en las discusiones futuras sobre acoso sexual en Sudáfrica durante años.
