En Colombia, el incumplimiento sistemático de las normas legales y sociales genera preocupación, desde infracciones de tránsito hasta irregularidades políticas. Con más de 7.000 muertes anuales por accidentes viales evitables, este patrón se extiende a diversas esferas de la vida cotidiana y el ámbito político.
La sociedad colombiana enfrenta un desafío persistente: el cruce habitual de la línea entre lo legal y lo ilegal. Un ejemplo claro son las normas de tránsito, que se ignoran frecuentemente a pesar de causar más de 7.000 muertes al año, la mayoría por desobediencia evitable.
Este comportamiento no se limita a las vías. Se manifiesta en acciones como saltar filas, evadir impuestos, arrojar basura en lugares indebidos y no separar residuos en los hogares. En el ámbito político, el problema es aún más alarmante. Campañas presidenciales pasadas recibieron financiamiento de fuentes dudosas, incluyendo carteles de narcotráfico, clanes de contratación y figuras criminales como “Papá Pitufo”, conocido como amo del contrabando.
Hoy, estos actores disfrutan de contratos multimillonarios y beneficios estatales, como los establecidos en el Pacto de la Picota bajo la política de “Paz Total”, que otorga favores a antiguos delincuentes. Este patrón de incumplimiento es común en gran parte de América Latina, contrastando con la integración supranacional de la Unión Europea.
Para abordarlo, se requiere más que educación, aunque esta área necesita avances en pertinencia, calidad y formación en valores cívicos. Es esencial fortalecer una justicia independiente para generar confianza ciudadana. Las tragedias vividas deberían unir al país en un propósito nacional: construir una cultura de legalidad que impulse el desarrollo social y político de una nación moderna.
