Un jurado federal dictaminó el miércoles que Live Nation y su unidad Ticketmaster operaron como un monopolio en la industria del entretenimiento en vivo. El veredicto marca una victoria importante para el Departamento de Justicia y casi 40 estados en su caso antimonopolio presentado originalmente en 2024. Las medidas correctivas, que incluyen posibles desinversiones, quedan pendientes de la decisión de un juez.
El 16 de abril, un jurado en un tribunal federal de Nueva York declaró a Live Nation responsable de mantener un poder de monopolio en la venta primaria de entradas en los principales recintos de conciertos y en el mercado de grandes anfiteatros. El panel también confirmó las acusaciones de vinculación ilegal de los servicios de promoción de artistas a sus anfiteatros y de conductas anticompetitivas que perjudicaron la competencia en 33 estados, además de Washington, D.C. Jeffrey Kessler, abogado principal de los estados después de que el Departamento de Justicia llegara a un acuerdo a mitad del juicio, lo calificó como una 'victoria total'. Los abogados de Live Nation habían argumentado que el éxito de la empresa se debía a unos servicios superiores ofrecidos a artistas, fanáticos y recintos, pero el jurado rechazó esos argumentos con afirmaciones unánimes en el formulario del veredicto. La decisión se produce tras acusaciones de que Live Nation amenazó con retirar conciertos de los recintos que rechazaban acuerdos exclusivos con Ticketmaster y exigió el uso de sus servicios de promoción para los artistas que actuaban en anfiteatros propiedad de la empresa. El jurado determinó que Ticketmaster cobró a los fanáticos un sobreprecio promedio de 1,72 dólares por entrada, lo que sienta las bases para daños sustanciales. El juez Arun Subramanian decidirá las medidas correctivas en los próximos procedimientos, que podrían incluir una separación de Live Nation y Ticketmaster o la venta de activos. Los estados planean proponer soluciones con expertos en los próximos meses. Un acuerdo reciente del Departamento de Justicia, firmado por seis estados, ofrece concesiones como limitar la exclusividad de los recintos a cuatro años y las tarifas de servicio al 15 por ciento, pero enfrenta un escrutinio bajo la Ley Tunney. Senadores, incluida Amy Klobuchar, instaron a una revisión minuciosa y citaron a Klobuchar: 'La única forma de ver un futuro para la competencia en la venta de entradas, recintos y promoción sería separarlos'. El momento del acuerdo generó preocupación judicial tras una reunión en la Casa Blanca en la que supuestamente participó el director ejecutivo Michael Rapino. Live Nation anunció planes de apelar y presentar mociones posteriores al juicio para cuestionar la responsabilidad y los testimonios sobre daños. En un comunicado, la empresa afirmó que el veredicto 'no es la última palabra'. El impacto del resultado en los precios de las entradas y en la competencia del sector queda pendiente de futuras acciones judiciales.