La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, publicó un proyecto de decreto para promover la inclusión de personas con discapacidad en los procesos de compras estatales. Esta iniciativa, impulsada por el presidente Gustavo Petro, busca reglamentar una ley de 2013 pendiente de cumplimiento. El director Cristóbal Padilla enfatizó que se trata de una obligación para garantizar derechos fundamentales.
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- ha dado a conocer un proyecto de decreto que busca incentivar la participación de personas con discapacidad (PcD) en la contratación estatal, con el fin de corregir una exclusión histórica en este ámbito.
Esta medida responde a la Ley 1618 de 2013, que establece medidas afirmativas para facilitar el acceso de las PcD a las compras públicas, una norma que lleva 13 años sin plena reglamentación. El director de la entidad, Cristóbal Padilla, señaló: “es una obligación en mora de ser cumplida. No hacerlo iría en contravía de derechos fundamentales que, como Estado Colombiano, debemos garantizar”.
El borrador surgió de un proceso de concertación con diversos sectores, incluyendo infraestructura, donde se abordaron observaciones mediante mesas de trabajo. Además, obedece a una sentencia del Consejo de Estado que condenó al Gobierno por omitir la reglamentación, lo que vulnera derechos de las PcD.
La Superintendencia de Industria y Comercio avaló el proyecto, destacando que promueve la igualdad efectiva y corrige barreras estructurales, alineándose con principios constitucionales de igualdad y derecho al trabajo. No hay obligación de acogerse a este esquema; existen alternativas como incentivos para mipymes o empresas lideradas por mujeres.
Colombia Compra Eficiente rechazó afirmaciones que ligan esta inclusión a corrupción, careciendo de base. Datos del DANE para 2025 indican una tasa de desempleo del 9,0% entre PcD, superior a la de personas sin discapacidad. El Ministerio de Salud reporta que el 68,2% no trabaja y el 49,7% de los ocupados está en informalidad.
Padilla subrayó que estas medidas cambian el enfoque de la contratación hacia uno social y ambiental, afirmando: “Incorporar medidas afirmativas para la población vulnerable no constituye una violación al principio de selección objetiva ni a la libre competencia, sino lograr la igualdad material de las personas en condición de discapacidad”. Esto permite a las PcD emprender como empresarias, no solo como empleadas.
