Los diputados de la comisión de asuntos sociales aprobaron el 4 de febrero la creación de un derecho a la muerte asistida, casi idéntico a la versión adoptada en mayo de 2025. Rechazado por el Senado la semana pasada, este proyecto de ley regresa para una segunda lectura en la Asamblea Nacional, desatando intensos debates sobre las cuestiones de fin de vida.
El proyecto de ley sobre el derecho a la muerte asistida, impulsado en 2022 por Emmanuel Macron, ha tenido un recorrido legislativo tumultuoso. Los diputados lo adoptaron en primera lectura en mayo de 2025 por 305 votos contra 199, pero el Senado, más conservador, lo rechazó recientemente. El miércoles 4 de febrero, la comisión de asuntos sociales de la Asamblea Nacional aprobó una versión similar, examinando dos tercios de 600 enmiendas en un solo día. Los criterios de elegibilidad permanecen sin cambios: una enfermedad grave e incurable en fase avanzada o terminal que cause un sufrimiento físico o psicológico constante. La comisión eliminó una cláusula que excluía explícitamente el sufrimiento únicamente psicológico, argumentando que ya estaba implícito, según Olivier Falorni (MoDem), ponente del proyecto. El procedimiento implica una solicitud a un médico, que organiza una evaluación colegial con al menos un especialista y un cuidador, para luego decidir de forma individual. La asistencia permite la autoadministración de una sustancia letal o, si no es posible, por un médico o enfermero. Los opositores, como Christophe Bentz (Agrupación Nacional), denuncian un «cambio civilizatorio» y piden precaución. Justine Gruet (Los Republicanos) critica una revisión apresurada. Falorni rebate que el proceso de tres años es equilibrado y sin prisa. La Asamblea debatirá el texto el 16 de febrero, con una votación solemne el día 24, junto a un proyecto de ley sobre cuidados paliativos. Yaël Braun-Pivet (Renaissance) espera una adopción definitiva antes del verano, pese a una probable nueva lectura en el Senado en primavera.
