El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. ha restablecido una condena de 655,5 millones de dólares dictada tras un veredicto del jurado en 2015 contra la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina, en un caso de larga duración presentado por víctimas estadounidenses de ataques en Israel durante la Segunda Intifada.
En 2015, un jurado federal en Manhattan determinó que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina (AP) eran responsables bajo la Ley Antiterrorista federal (ATA) de seis ataques en Israel que causaron la muerte o heridas a ciudadanos estadounidenses. El jurado otorgó 218,5 millones de dólares, cifra que se triplicó automáticamente bajo la ATA hasta los 655,5 millones de dólares.
En agosto de 2016, un panel de tres jueces del Segundo Circuito anuló la condena al considerar que los tribunales estadounidenses carecían de jurisdicción personal sobre la OLP y la AP.
Posteriormente, el Congreso promulgó en diciembre de 2019 la Ley para Promover la Seguridad y la Justicia de las Víctimas del Terrorismo (PSJVTA, por sus siglas en inglés). La ley menciona explícitamente a la OLP y a la AP y establece que se "considerará que han consentido" la jurisdicción personal en ciertos litigios bajo la ATA si incurren en conductas específicas, tales como realizar pagos a personas encarceladas por actos terroristas o a familias de terroristas fallecidos.
El Segundo Circuito concluyó posteriormente que las disposiciones de "consentimiento implícito" de la PSJVTA no podían otorgar constitucionalmente jurisdicción personal sobre la OLP y la AP. Sin embargo, en junio de 2025, el Tribunal Supremo de EE. UU. revocó unánimemente dicha decisión en el caso Fuld contra la Organización para la Liberación de Palestina, ratificando el marco de jurisdicción personal de la PSJVTA como conforme a la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda y enfatizando que la ley vincula la jurisdicción a conductas que involucran a Estados Unidos y a consideraciones de política exterior y seguridad nacional tradicionalmente delegadas a los poderes políticos.
En su fallo más reciente, el Segundo Circuito restableció la condena de 655,5 millones de dólares y rechazó la solicitud de los demandados de celebrar un nuevo juicio. El tribunal señaló que el tribunal de distrito no cometió un error procesal al admitir testimonios de expertos sobre la estructura y operaciones de las organizaciones, y destacó el interés en la finalidad de las sentencias tras décadas de litigio. El panel también observó que algunos de los demandantes han fallecido o tienen un estado de salud delicado, factor que, según indicó, pesó en contra de reabrir el juicio.
La decisión mantiene vigente el veredicto de 2015 que responsabiliza civilmente a la OLP y a la AP ante las víctimas estadounidenses por los ataques objeto del caso.
