El Tribunal Supremo Federal de Brasil (STF) ha declarado la omisión del Congreso en regular el Impuesto sobre Grandes Fortunas (IGF), reavivando el debate sobre su viabilidad. Dos artículos de opinión publicados en Folha de S.Paulo el 2 de enero de 2026 presentan visiones opuestas: uno argumenta un impacto positivo en los ingresos al desmentir mitos, mientras que el otro advierte de un potencial bajo y riesgos internacionales.
El STF reavivó el debate sobre el IGF al declarar omisión legislativa, a pesar de 45 proyectos de ley en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado. Un artículo de opinión del cofundador de Formigas-de-Embaúba, ganador del Premio al Emprendedor Social 2025, argumenta que gravar grandes fortunas sí tiene impacto en los ingresos. Desmiente mitos como que los ricos trabajan menos —citando el 'efecto ingreso' que puede estimular más producción— y la evasión fiscal inevitable, afirmando que depende de un Estado fuerte. También cuestiona la noción de que las empresas huirían, señalando factores como costos logísticos y baja movilidad sectorial en áreas como el agronegocio. Como ejemplo, refiere los recortes fiscales en EE.UU. bajo Donald Trump, que aumentaron el déficit público y la desigualdad de ingresos. El artículo cita a Thomas Paine: 'toda acumulación de propiedad personal [...] le deriva del hecho de vivir en sociedad; y debe [...] devolver una parte de esa acumulación a la sociedad'.
En contraste, un abogado tributarista de Diamantino Advogados Associados sostiene que no lo tiene. Critica la intervención del STF como una violación de la separación de poderes, ya que la disidencia congressional es democrática, no omisión. Señala experiencias internacionales: los países de la OCDE redujeron de 12 a 4 aquellos que mantienen el impuesto, con Alemania, Suecia y otros abandonándolo por bajos ingresos, altos costos de aplicación y evasión. En Francia, el impuesto provocó la migración de ricos, llevando a una reforma en 2018 que lo limitó a bienes inmuebles. En Brasil, definir 'gran fortuna' es vago —el Gobierno considera superricos a quienes ganan más de R$ 600.000 anuales— y podría desencadenar pérdida de inversiones y caídas de ingresos en otros impuestos como IR e ICMS. Ambos artículos destacan que la desigualdad es una elección política, pero divergen en la efectividad del IGF.
