El REDAM impone restricciones a deudores alimentarios en Colombia

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) en Colombia inscribe a padres o madres que incumplen con al menos tres cuotas alimentarias, limitando sus derechos y trámites. Esta herramienta legal busca proteger a niños y personas vulnerables, como se ve en casos donde viajes familiares se ven afectados por deudas. Autoridades como jueces de familia pueden iniciar el proceso tras probar el incumplimiento.

En Colombia, el REDAM se presenta como una base de datos estatal diseñada para registrar a aquellos que no cumplen con la cuota alimentaria establecida por ley, juez o conciliación. Según la abogada Ángela María Caicedo, este registro no busca castigar emocionalmente, sino proteger a dependientes como niños, adultos mayores y personas vulnerables.

La inscripción requiere al menos tres cuotas impagas y debe ser iniciada por jueces de familia, comisarios de familia o defensores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), siempre con prueba del incumplimiento. Una vez inscripto, el deudor enfrenta seis consecuencias principales: prohibición de contratar con el Estado, inhabilidad para cargos públicos, dificultades en la venta o compra de bienes, obstáculos para obtener créditos, reporte en centrales de riesgo y limitaciones en trámites migratorios.

Caicedo relata el caso de Mateo, un niño que casi pierde un viaje al mar porque su padre acumulaba meses de deudas alimentarias. La madre luchaba por cubrir necesidades básicas mientras el padre excusaba pagos con promesas vacías. Otro ejemplo es el de María, quien descubrió el 'Efecto REDAM': deudores inscriptos no pueden bloquear la salida del país de sus hijos sin su permiso, pero solo tras un proceso legal que incluye oportunidades de cumplimiento.

La experta enfatiza que el proceso no es inmediato y requiere pasos previos, como fijar la cuota legalmente. 'La ley no persigue padres. Protege hijos. Pero solo actúa cuando usted activa el proceso', afirma Caicedo. Este mecanismo resalta la responsabilidad parental, evitando que incumplimientos afecten planes familiares y derechos de los menores.

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