El REDAM impone restricciones a deudores alimentarios en Colombia

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) en Colombia inscribe a padres o madres que incumplen con al menos tres cuotas alimentarias, limitando sus derechos y trámites. Esta herramienta legal busca proteger a niños y personas vulnerables, como se ve en casos donde viajes familiares se ven afectados por deudas. Autoridades como jueces de familia pueden iniciar el proceso tras probar el incumplimiento.

En Colombia, el REDAM se presenta como una base de datos estatal diseñada para registrar a aquellos que no cumplen con la cuota alimentaria establecida por ley, juez o conciliación. Según la abogada Ángela María Caicedo, este registro no busca castigar emocionalmente, sino proteger a dependientes como niños, adultos mayores y personas vulnerables.

La inscripción requiere al menos tres cuotas impagas y debe ser iniciada por jueces de familia, comisarios de familia o defensores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), siempre con prueba del incumplimiento. Una vez inscripto, el deudor enfrenta seis consecuencias principales: prohibición de contratar con el Estado, inhabilidad para cargos públicos, dificultades en la venta o compra de bienes, obstáculos para obtener créditos, reporte en centrales de riesgo y limitaciones en trámites migratorios.

Caicedo relata el caso de Mateo, un niño que casi pierde un viaje al mar porque su padre acumulaba meses de deudas alimentarias. La madre luchaba por cubrir necesidades básicas mientras el padre excusaba pagos con promesas vacías. Otro ejemplo es el de María, quien descubrió el 'Efecto REDAM': deudores inscriptos no pueden bloquear la salida del país de sus hijos sin su permiso, pero solo tras un proceso legal que incluye oportunidades de cumplimiento.

La experta enfatiza que el proceso no es inmediato y requiere pasos previos, como fijar la cuota legalmente. 'La ley no persigue padres. Protege hijos. Pero solo actúa cuando usted activa el proceso', afirma Caicedo. Este mecanismo resalta la responsabilidad parental, evitando que incumplimientos afecten planes familiares y derechos de los menores.

Artículos relacionados

Illustration of Colombian floods with government officials announcing emergency decrees for aid funding amid skeptical onlookers.
Imagen generada por IA

Gobierno colombiano emite decretos para atender emergencia por inundaciones

Reportado por IA Imagen generada por IA

El Gobierno de Colombia expidió varios decretos en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por inundaciones en ocho departamentos, incluyendo un impuesto del 16% a apuestas digitales y una adición de $8,6 billones al presupuesto de 2026. Estas medidas buscan financiar la atención a damnificados y reactivar la economía local. Críticos como la Andi y AmCham cuestionan su impacto en la inversión.

La Superintendencia de Sociedades declaró terminado el proceso de intervención judicial contra Rédito S.A. en Liquidación Judicial y entidades vinculadas, tras revisar la rendición final de cuentas. El caso involucró captación no autorizada de recursos públicos por más de $11.586 millones, afectando a 121 personas.

Reportado por IA

El gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, anunció acciones jurídicas contra 17 gobernadores que se niegan a aplicar el decreto de emergencia económica, mientras la Corte Constitucional revisa su legalidad. Esta confrontación genera incertidumbre sobre los impuestos recaudados, como el IVA del 19% a licores, y posibles devoluciones si la medida se declara inconstitucional. Expertos advierten que las sanciones penales son improbables y destacan la complejidad de reembolsos.

La diputada Concepción Rueda de Morena en Oaxaca impulsa la ‘Ley Cazzu’ para que un juez autorice viajes y trámites de niños cuando un progenitor se niegue injustificadamente. En Michoacán, Sandra María Arreola del PVEM presenta una iniciativa similar para reformar la Constitución. La propuesta busca evitar que padres ausentes bloqueen la movilidad de sus hijos.

Reportado por IA

La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra Darío Yesid García Barray, exalcalde de Hato Corozal en Casanare, por el presunto incumplimiento en la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2022. El servicio no se inició a tiempo y solo se ofreció en jornadas limitadas de octubre y noviembre. Esta acción se califica provisionalmente como una falta grave.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la implementación de la Emergencia Económica y Social en Colombia, argumentando que sin ella el Estado no podría cumplir obligaciones fundamentales. Aseguró que las medidas no impactarán la canasta familiar ni a los sectores vulnerables. Los recursos se destinarán a salud, seguridad y subsidios prioritarios.

Reportado por IA

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció la declaratoria de emergencia económica tras el hundimiento de la reforma tributaria, con el fin de financiar $16 billones del Presupuesto General de la Nación para 2026. El borrador del decreto incluye impuestos al patrimonio, licores, cigarrillos y un gravamen especial a hidrocarburos y carbón. Gremios como Andi, ACM y ACP cuestionan su constitucionalidad y efectividad.

 

 

 

Este sitio web utiliza cookies

Utilizamos cookies para análisis con el fin de mejorar nuestro sitio. Lee nuestra política de privacidad para más información.
Rechazar