La senadora Joni Ernst afirmó que correos electrónicos internos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y títulos de reuniones utilizaron la palabra "Bengasi" en discusiones relacionadas con los préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) a filiales de Planned Parenthood, y solicitó al Departamento de Justicia investigar si se violaron las leyes federales de registros. La denuncia, reportada inicialmente por The Daily Wire, surge en medio de una disputa más amplia y prolongada sobre si dichas filiales eran elegibles para la ayuda PPP y cómo la agencia manejó la condonación de los préstamos.
La senadora Joni Ernst (R-Iowa), presidenta del Comité de Pequeñas Empresas y Emprendimiento del Senado, ha solicitado al Departamento de Justicia que revise si funcionarios de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) ocultaron indebidamente registros federales mientras gestionaban los préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) vinculados a filiales de Planned Parenthood.
La denuncia fue reportada inicialmente por The Daily Wire, medio que señaló que la solicitud de Ernst se basa en comunicaciones y calendarios internos de la SBA en los que el término "Bengasi" aparecía en líneas de asunto y títulos de reuniones conectados a decisiones de la SBA sobre los préstamos PPP de Planned Parenthood. El informe de The Daily Wire describió un hilo de correos electrónicos atribuido a la asesora jurídica general de la SBA, Peggy Hamilton, iniciado en abril de 2021, y un título de reunión de Microsoft Teams en junio de 2021 que utilizó la misma etiqueta de "Bengasi".
En su solicitud, Ernst argumentó que el uso de tal terminología podría dificultar la localización de registros mediante búsquedas de términos como "Planned Parenthood" y afirmó que esto podría implicar requisitos federales de mantenimiento de registros. El informe de The Daily Wire indicó que Ernst citó un estatuto penal, el 18 U.S.C. § 2071, que aborda de manera general la ocultación, eliminación o destrucción deliberada de registros federales.
La controversia se suma a una disputa que comenzó durante los primeros meses de la pandemia.
En mayo de 2020, CBS News informó que 38 filiales de Planned Parenthood habían recibido más de 80 millones de dólares en préstamos PPP y que la SBA envió al menos a una filial una carta declarando que la agencia había "concluido preliminarmente" que la clínica no era elegible bajo las reglas de afiliación y los estándares de tamaño. Planned Parenthood argumentó en ese momento que su estructura de filiales y su gobernanza separada hacían que las clínicas fueran elegibles para la ayuda.
Legisladores republicanos han cuestionado repetidamente si dichos préstamos debieron ser emitidos o condonados. En una transcripción de la audiencia de supervisión del Comité de Pequeñas Empresas del Senado publicada por Congress.gov, el senador Rand Paul (R-Ky.) declaró que la SBA había condonado al menos 37 préstamos PPP a Planned Parenthood y argumentó que más de 77.9 millones de dólares fueron "entregados ilegalmente y ahora condonados" a las filiales de Planned Parenthood. En la misma audiencia, el presidente del comité, el senador Ben Cardin (D-Md.), dijo que no estaba de acuerdo con la caracterización de Paul y sostuvo que la agencia había brindado transparencia sobre los préstamos y su condonación.
El informe de The Daily Wire también citó a Paul desafiando a la administradora de la SBA, Isabella Casillas Guzman, sobre 17 millones de dólares en fondos que, según dijo, fueron otorgados después de que la agencia determinara que ciertas filiales no eran elegibles. Sin embargo, esa cifra específica y la redacción citada atribuida a Paul no fueron localizadas en la transcripción de la audiencia del Senado publicada en Congress.gov.
Por otro lado, en un comunicado de prensa de enero de 2026, la SBA informó que abrió una revisión de más de 88 millones de dólares en fondos PPP recibidos por 38 filiales de Planned Parenthood Federation of America, describiendo casi 40 cartas exigiendo documentación para probar la elegibilidad. La declaración de la SBA indicó que las decisiones previas de condonación no impiden que la agencia reabra una revisión y señaló que las filiales podrían enfrentar determinaciones de inelegibilidad y posibles referencias civiles o penales si se determina que las certificaciones son falsas.
La solicitud de Ernst al Departamento de Justicia añade una nueva dimensión a la disputa al centrarse no solo en las decisiones de elegibilidad y condonación, sino también en las prácticas de mantenimiento de registros dentro de la agencia y cualquier comunicación que involucre a altos funcionarios.
