Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, confirmó que aún no ha recibido el incidente de desacato abierto por la Corte Constitucional el 12 de diciembre. El proceso se relaciona con el incumplimiento de órdenes sobre la financiación del sistema de salud mediante la UPC. Jaramillo espera el documento para responder adecuadamente.
El 12 de diciembre de 2025, la Corte Constitucional de Colombia anunció la apertura de un incidente de desacato contra Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, por presunto incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la financiación del sistema de salud. El foco del caso es la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que el Estado transfiere por cada afiliado al sistema, que ha sido objeto de debate público por considerarse insuficiente para garantizar su sostenibilidad.
La Corte sostiene que el Ministerio de Salud no ha demostrado que la UPC sea adecuada para la financiación del sistema, violando directrices de la Sentencia T-760 de 2008. Esta sentencia identificó fallas en el sistema, como la negativa a prestar servicios, diferencias en los planes de beneficios y reglas poco claras. En respuesta, el tribunal emitió 16 órdenes para corregir estos defectos, incluyendo mejoras en la sostenibilidad financiera, vigilancia a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), mayor cobertura y acceso a la información.
Jaramillo, en declaraciones recientes, afirmó que no le ha llegado el incidente y que está a la espera del documento oficial para poder responder. "Aún no recibe el incidente de desacato de la Corte Constitucional y asegura que está a la espera del documento para poder responder", según reportes. Bajo este contexto, el Ministerio deberá realizar un estudio el próximo año para evaluar si la UPC es suficiente para la sostenibilidad del sistema. Las próximas semanas serán cruciales para anunciar el incremento de la UPC que regirá en 2026, en medio de presiones de actores del sector que exigen mayor financiación para evitar colapsos en la prestación de servicios.
Este incidente resalta tensiones persistentes en el sistema de salud colombiano, donde la UPC ha sido criticada por no cubrir costos operativos adecuadamente, afectando la atención a millones de afiliados.