La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó por unanimidad que el gobierno federal no puede prohibir automáticamente la posesión de armas de fuego a una persona solo por el uso de marihuana, estableciendo que la prohibición contenida en el artículo 18 U.S.C. § 922(g)(3) es inconstitucional si no se demuestra que el consumo de drogas del individuo lo convierte en una persona peligrosa. El juez Neil Gorsuch redactó la opinión en el caso Estados Unidos contra Hemani.
La decisión, emitida el 18 de junio, limita la forma en que la prohibición federal sobre la posesión de armas por parte de "usuarios ilegales o adictos a cualquier sustancia controlada" puede aplicarse a personas que consumen marihuana. El tribunal rechazó la postura del gobierno de que el estatuto desarma categóricamente a cualquier persona considerada "usuario ilegal", independientemente del tipo o la cantidad de droga consumida, o de si la persona ha mostrado signos de violencia u otro comportamiento peligroso.
Ali Danial Hemani, un hombre de Texas, fue procesado bajo este estatuto después de informar a los investigadores que consumía marihuana con frecuencia y que guardaba un arma de fuego en su hogar. La Corte Suprema determinó que aplicar la ley en su caso, sin pruebas de que su consumo de drogas lo hiciera peligroso, violaba la Segunda Enmienda.
El fallo continúa la reciente trayectoria del tribunal respecto a la Segunda Enmienda tras su decisión de 2022 en el caso Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York contra Bruen, que exige que las regulaciones sobre armas sean coherentes con la tradición histórica de regulación de armas de fuego de la nación. En el caso Hemani, los jueces enfatizaron que "las drogas y las armas a veces pueden ser una combinación peligrosa", pero señalaron que ese riesgo por sí solo no permite al gobierno presumir que todos los usuarios de marihuana son violentos o peligrosos.
La opinión deja abierta la cuestión de cómo podría aplicarse el artículo § 922(g)(3) en otras circunstancias, incluidos casos que involucren diferentes sustancias o pruebas más sólidas de conducta peligrosa. Tampoco cambia el hecho de que la marihuana sigue siendo ilegal bajo la ley federal, incluso en estados donde se permite su uso medicinal o recreativo.
