Los tasadores hipotecarios en España han convocado una huelga indefinida desde el 15 de diciembre para protestar contra las condiciones precarias de su profesión. La Asociación Española de Tasadores Hipotecarios (AETH), que representa al 75% del colectivo de unos 3.000 autónomos, denuncia jornadas de hasta 80 horas semanales por remuneraciones inferiores al salario mínimo interprofesional de 16.576 euros anuales, congeladas desde 2008. Reclaman un convenio colectivo que establezca tarifas mínimas y plazos realistas.
La huelga de los tasadores hipotecarios, un colectivo esencial en el mercado inmobiliario español, busca visibilizar una situación de precariedad que afecta a unos 3.000 profesionales autónomos. Según la AETH, estos trabajadores, compuestos en un 30% por arquitectos, 65% por arquitectos técnicos o aparejadores y el resto por otros titulados como ingenieros agrónomos, enfrentan presiones de las entidades financieras para entregar informes en menos de 48 horas, lo que incrementa el riesgo de errores.
Francisco Riaza, presidente de la AETH, explica: “Llevamos muchos años intentando llegar a algún tipo de acuerdo. Incluso hace dos presentamos el borrador de una propuesta que hoy está metida en un cajón, y no hay que olvidar que la tasación es un derecho de los ciudadanos”. Las retribuciones, fijadas por sociedades de tasación con tarifas no renegociables, rara vez superan el SMI y están congeladas desde 2008. Un tasador realiza en promedio menos de 35 tasaciones al mes, cobrando un porcentaje de los 250-500 euros que cuesta cada informe, a cargo del comprador.
La tasación es obligatoria por ley para solicitar hipotecas, garantizando el valor real del inmueble y permitiendo a los bancos financiar hasta el 80% en viviendas habituales o 60-70% en segundas residencias. La AETH reclama tarifas mínimas ligadas al coste real, equivalentes a unos 30.000 euros brutos anuales actualizados con el IPC, plazos realistas, pagos en un mes, compensaciones por desplazamientos y derecho a rechazar encargos no viables, además de una comisión mixta para resolver conflictos.
Por su parte, la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV), una patronal clave, respeta la movilización pero aclara que no puede negociar laboralmente. Jorge Dolç, su secretario general, afirma: “La actividad de estos trabajadores se enmarca en un modelo regulado y exigente”, y enfatiza la necesidad de valoraciones rigurosas para la seguridad del mercado hipotecario. La huelga, difícil de medir por la naturaleza autónoma del gremio, podría extenderse hasta un mes si no hay avances.
