El gobierno del presidente Gustavo Petro presentó un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que incluye la revisión del modelo económico actual y un mayor protagonismo estatal. El documento propone ajustar el funcionamiento del Banco de la República para alinearlo con objetivos de desarrollo social y productivo. Esta iniciativa responde a un supuesto bloqueo institucional que impide avances en derechos y paz.
El Comité de Impulso de la Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, vinculado al gobierno de Gustavo Petro, presentó un proyecto de ley que busca transformar el esquema económico colombiano. El texto enfatiza la necesidad de superar el modelo rentista y extractivista, promoviendo economías mixtas donde el Estado participe activamente en sectores clave para generar empleo masivo y prohibir la tercerización laboral.
Entre las propuestas clave, se destaca la revisión del rol del Banco de la República. El documento argumenta que es necesario "revisar y ajustar el funcionamiento del Banco de la República, transformar y rescatar la banca pública y la política monetaria". Actualmente, la Constitución asigna al banco central la autoridad monetaria y el deber de preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación con la política económica general. Sin embargo, la iniciativa sugiere complementar su mandato con obligaciones constitucionales para contribuir al crecimiento económico sostenible y la generación de empleo, sin comprometer su autonomía técnica.
El proyecto también aborda la arquitectura institucional del Estado para garantizar que las decisiones económicas prioricen el bienestar general, los derechos y la transición energética. Se propone fortalecer la provisión pública de servicios esenciales, en contraposición a un enfoque puramente de mercado.
Esta visión se enmarca en un contexto de reconciliación nacional, con más de 10 millones de víctimas de violencias históricas, y la defensa de la soberanía frente a intervencionismos externos, impulsando la integración latinoamericana. El gobierno ve la Constituyente como una respuesta a promesas democráticas incumplidas y un bloqueo institucional similar al de los años 90, antes de la Constitución de 1991.
